Protección jurídica del sistema administrativo
Desde la perspectiva del derecho administrativo, el estado de derecho administrativo toma las normas jurídicas como base básica de las acciones gubernamentales. Una vez formuladas las normas legales, el gobierno no puede modificarlas ni cambiarlas con políticas, ni el jefe de gobierno puede cambiarlas con órdenes ejecutivas. Cuando las políticas u órdenes del jefe ejecutivo entran en conflicto con las normas legales, los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben hacer cumplir las normas legales en lugar de las políticas y órdenes. Si nos desviamos del principio de "funciones estatutarias" y carecemos de normas estrictas y rígidas en el sistema legal, será fácil que los departamentos gubernamentales tengan funciones superpuestas y será difícil que la reforma de las agencias gubernamentales salga del círculo vicioso de " "racionalización-expansión-racionalización-re-expansión"; si hay una falta de control sobre el poder. Sin normas legales y supervisión de su configuración y operación, la corrupción institucional como las "reglas ocultas" prevalecerá, y la filosofía gobernante de "poder para el personas, sentimientos por la gente y beneficios para la gente" probablemente se convierta en una frase vacía. Por lo tanto, el sistema administrativo no puede ni puede evitar el valor y el papel de la ley. La protección jurídica tiene un estatus muy importante, así como el posicionamiento funcional, la asignación de poderes y las reglas de funcionamiento, y puede y debe convertirse en el contenido básico del sistema administrativo. El establecimiento de funciones, la asignación de poderes, las reglas operativas y la protección legal son las cuatro connotaciones básicas del sistema administrativo. Entre ellos, el entorno funcional es la base, la asignación de poder es el núcleo, las reglas operativas son la clave y la protección legal es el medio para interconectarse e interactuar entre sí para formar el marco general del sistema administrativo;