¿Cuáles son las condiciones aplicables al principio de protección de la confianza administrativa?
¿Cuáles son las condiciones aplicables al principio de protección de la confianza administrativa? La protección del fideicomiso administrativo tiene cuatro características:
(1) Hay un compromiso. El compromiso es una parte importante del contrato y también es el punto de partida para que la contraparte administrativa genere confianza. Los compromisos gubernamentales pueden adoptar diversas formas, como la inscripción de empresas industriales y comerciales en el registro administrativo, el registro de derechos de propiedad de viviendas, etc.
(2) Cesión de derechos. En el proceso de control de los recursos, los derechos se transfieren de una parte a otra. Por ejemplo, en las relaciones fiscales, los ciudadanos transfieren sus derechos de propiedad mediante aprobación administrativa, el Estado transfiere los derechos de monopolio sobre los recursos.
(3) Obligaciones. Los sujetos administrativos tienen la obligación de ejecutar legal y efectivamente los actos administrativos que realicen, no pudiendo cambiar, cancelar o abolir los actos administrativos a voluntad; los sujetos administrativos también tienen la obligación de respetar la dignidad personal de los ciudadanos y lograr la justicia distributiva; los ciudadanos tienen la obligación de cumplir las obligaciones inherentes a las actuaciones administrativas.
(4) La existencia de confianza. Las acciones o omisiones de la contraparte administrativa se basan en la confianza en la legalidad y legitimidad procesal del sujeto administrativo, y al mismo tiempo generan expectativas razonables.
Aplicación del principio de confianza y protección
El principio de confianza y protección es un principio importante del derecho administrativo y una norma legal que las entidades administrativas deben seguir al implementar acciones administrativas. En el proceso de implementación de actuaciones administrativas, el principio de protección de la confianza tiene sus condiciones, alcances y modalidades específicas de aplicación.
(1) Condiciones para la aplicación del principio de protección de la confianza administrativa
El objetivo de establecer el principio de protección de la confianza en el derecho administrativo es mantener la estabilidad del orden jurídico y proteger los derechos e intereses legítimos de los miembros sociales. Sin embargo, es evidente que existe un cierto conflicto entre el principio de protección de la confianza y el principio de administración conforme a la ley. Para coordinar el conflicto entre ambos sin afectar negativamente el orden jurídico, la aplicación del principio de protección de la confianza debe cumplir las siguientes tres condiciones:
Primero, debe haber una base para la confianza. Sólo después de que el acto administrativo entre en vigor podrá ser vinculante para la contraparte administrativa y ganarse la confianza de ésta. Por lo tanto, el hecho de que el acto administrativo sea efectivo y efectivo sea conocido por la contraparte es un requisito previo para aplicar el principio de protección de la confianza, y no importa si el acto administrativo es legal o no.
En segundo lugar, debe haber una muestra de confianza. El cumplimiento de la confianza se refiere a la acción disciplinaria tomada por la contraparte administrativa basada en la confianza en las acciones administrativas, es decir, el comportamiento de la contraparte de hacer arreglos para su vida y disponer de bienes porque la contraparte cree que la base de la confianza es sólida. incluyendo acciones e inacciones. Existe una relación causal entre la base de la confianza y el desempeño de la confianza. Sin una base de confianza, no hay ejercicio de la confianza.
Finalmente, se debe proteger la confianza. Es decir, ¿qué hay que proteger? ¿Confianza jurídica? , ¿eso es? ¿El pueblo no tiene dudas sobre la conducta del Estado o el estado de derecho y no tiene culpa sobre la base sobre la que se construye la confianza? . Por lo tanto, juzgar si la confianza es digna de protección depende principalmente de si la contraparte administrativa tuvo culpa al cambiar su estatus legal. En general, se cree que el principio de protección de la confianza no se aplica a las contrapartes administrativas en las siguientes situaciones: primero, acciones administrativas motivadas por fraude malicioso, coerción o soborno; segundo, acciones administrativas causadas por declaraciones incorrectas o incompletas sobre cuestiones importantes; tercero; por saber o no saber que su acto administrativo es ilícito por culpa grave.
(2) Ámbito de aplicación del principio de protección de la confianza administrativa
El principio de protección de la confianza administrativa debe recorrer todo el proceso de funcionamiento del poder administrativo. Debido a que en la práctica lo principal que lesiona los derechos e intereses legítimos de los miembros sociales es el cambio de actos administrativos, el principio de protección del fideicomiso administrativo se aplica principalmente al proceso de cambio de actos administrativos. El comportamiento administrativo se puede dividir en comportamiento administrativo abstracto y comportamiento administrativo específico. El principio de protección de la confianza también tiene diferentes énfasis en los dos métodos de comportamiento diferentes.
Primero, la aplicación en el cambio de comportamientos administrativos abstractos. Se refleja principalmente en el principio de que los sujetos administrativos no podrán formular actos administrativos abstractos con efecto retroactivo. Según el principio del estado de derecho, las normas jurídicas apuntan a comportamientos futuros en lugar de restringir comportamientos pasados, y su contenido debe ser continuo, estable, claro y previsible.
Si bien las normas jurídicas deben adaptarse a medida que cambia la sociedad, también deben tener continuidad. De lo contrario, la sociedad caerá en un estado de caos. Por lo tanto, el efecto retroactivo de actos administrativos abstractos generalmente prohibidos por los sujetos administrativos, aun cuando puedan ser retroactivos en circunstancias específicas, no pueden perjudicar los intereses que la contraparte administrativa ya haya obtenido conforme a la ley.
En segundo lugar, cambios en actuaciones administrativas concretas. Al observar los diseños de sistemas relevantes de leyes administrativas en varios países, el principio de protección de la confianza se aplica principalmente a la revocación y abolición de actos administrativos específicos. La cancelación de actos administrativos específicos tiene por objeto actos administrativos ilegales. En concreto, un acto administrativo ilegal de otorgamiento de beneficios sólo puede ser revocado si los intereses públicos mantenidos son significativamente mayores que los intereses fiduciarios de la contraparte; por actos administrativos ilegales de carga, la autoridad competente puede revocarlos conforme a la ley, porque el La protección de los intereses fiduciarios de la contraparte es esto generalmente no ocurre cuando se revoca una acción administrativa gravosa. Sin embargo, revocada la acción administrativa gravosa, la autoridad competente no podrá sustituirla por una sanción legal más desfavorable.
La abolición de actos administrativos específicos está dirigida a los actos administrativos estatutarios. En concreto, los actos administrativos estatutarios que confieren beneficios no serán abolidos en principio a menos que existan disposiciones especiales en la ley que la autoridad competente pueda decidir de conformidad; con la ley si se deben derogar los actos administrativos legales. El sujeto administrativo sólo puede suprimir la carga administrativa cuando concurran circunstancias que no pueden ser abolidas.