¿Cómo define la ley la legítima defensa en el nuevo juicio del caso de asalto a comisaría?
Si no se cumplen las condiciones de la legítima defensa, se considerará defensa excesiva. El artículo 20 de la "Ley Penal" estipula que para proteger al Estado, los intereses públicos, la persona, la propiedad y otros derechos propios o de otros de infracciones ilegales en curso, detener las infracciones ilegales y causar daño al infractor, es legítimo Defensa. No responsable penalmente. Si la legítima defensa excede manifiestamente el límite necesario y causa un daño grave, la persona incurrirá en responsabilidad penal, pero la pena será reducida o eximida. Si una persona toma acciones defensivas contra un delito violento en curso, como asesinato, robo, violación, secuestro, etc., que pone en grave peligro la seguridad personal, resultando en víctimas o lesiones a un intruso ilegal, esto no constituye una defensa excesiva y no será considerado penalmente responsable.
La denominada defensa excesiva se refiere a la situación en la que la conducta de legítima defensa excede los estándares de defensa previstos por la ley y por tanto debe acarrear responsabilidad penal. El concepto de defensa excesiva no se propuso de forma independiente, sino que surgió con el desarrollo histórico de la legítima defensa. Ya a principios del siglo XX, la escuela de sociología criminal reemplazó a la escuela del clasicismo criminal y ocupó la posición dominante en la teoría del derecho penal, estipulando el alcance, las condiciones y los límites razonables de los derechos de defensa de las personas desde una perspectiva racional. Se puede observar que la defensa excesiva se debe a exceder el límite obvio, y este límite tiene ciertas regulaciones.
Los derechos e intereses que han sido vulnerados ilícitamente son derechos e intereses protegidos por la legítima defensa, que es uno de los factores que determinan los límites necesarios. Matar a un intruso ilegal para proteger derechos e intereses importantes puede considerarse necesario para detener la infracción ilegal y, por lo tanto, no excede el límite necesario de la legítima defensa. Para proteger los derechos e intereses de los menores, aunque no puedan protegerse, ha causado numerosas bajas al infractor, que se puede considerar que ha superado el límite necesario. No existe responsabilidad penal por legítima defensa. Su principal importancia es proteger los intereses públicos sociales y otros derechos legítimos de las infracciones ilegales en curso, alentar a los ciudadanos a combatir las infracciones ilegales en curso y disuadir a los delincuentes de actuar precipitadamente. Puede decirse que la legítima defensa no es sólo la base jurídica para eximir de responsabilidad penal por actos de legítima defensa, sino también un arma jurídica para que los ciudadanos combatan los actos ilegales e infractores en curso. Una comprensión correcta de la legítima defensa y sus condiciones constitutivas ayudará a los ciudadanos a utilizar con audacia las armas legales de legítima defensa para combatir las infracciones ilegales.