110 ¿Puedo preguntar sobre fraude?
Artículo 21 de la "Ley de Policía Popular de la República Popular China" La policía popular rescatará inmediatamente a los ciudadanos cuya seguridad personal o patrimonial haya sido violada o que se encuentren en otras situaciones peligrosas; que soliciten resolver disputas brindar ayuda; los casos en que la policía ataca a los ciudadanos deben ser investigados y tratados con prontitud. La policía popular debe participar activamente en las tareas de rescate de emergencia, socorro en casos de desastre y bienestar social.
Artículo 266 de la "Ley Penal de la República Popular China", quien defraude la propiedad pública o privada y la cantidad sea relativamente grande será condenado a pena privativa de libertad de no más de tres años, penal detención o vigilancia pública, y será también o únicamente multada si su cuantía es elevada o si concurrieren otras circunstancias graves, será sancionada con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años; y también será multado si la cantidad es particularmente elevada o concurren otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena de prisión de no menos de diez años o cadena perpetua, y también será multado o confiscado sus bienes; Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
Las consecuencias de las falsas alarmas
El teléfono de atención policial 110 es un recurso de seguridad pública de gran valor. El acoso malicioso, como la fabricación de información policial, afectará gravemente el funcionamiento normal del mecanismo de recepción policial de los órganos de seguridad pública y restringirá el pleno desempeño de las funciones de los órganos de seguridad pública. Este comportamiento ha obstaculizado el normal funcionamiento de los órganos de seguridad pública. Los órganos de seguridad pública impondrán a los autores sanciones de seguridad de conformidad con la ley. Si las circunstancias son suficientemente graves para constituir un delito, se perseguirá la responsabilidad penal por el delito de alteración del orden de funcionamiento de los órganos del Estado, con una pena máxima no menor de tres años ni mayor de siete años de prisión.