Análisis jurídico: En la práctica, una carta de cobro de deudas es una especie de documento recordatorio, que es un aviso utilizado por la unidad pagadora o el individuo cuando el pago está vencido. Los documentos comúnmente utilizados por las empresas para cobrar las cuentas por cobrar tienen tanto naturaleza comercial como connotaciones legales. Hay muchos tipos y formas de cartas de cobro de deudas, incluidas las duras, de consulta, de respuesta y de advertencia. Sin embargo, cualquiera que sea la forma de carta de cobro de deudas, puede producir los siguientes efectos jurídicos: 1. La carta de cobro de deudas puede efectivamente interrumpir el plazo de prescripción. Según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el plazo de prescripción de las acciones por mora es generalmente de dos años. Si el acreedor no exige el reembolso a la empresa deudora dentro de los dos años siguientes a la expiración del plazo de reembolso, el tribunal ya no le protegerá. Es decir, incluso si el acreedor presenta una demanda ante el tribunal para exigir el reembolso al deudor, una vez que la otra parte retira la defensa del estatuto de limitaciones, el tribunal desestimará la demanda o fallará a favor de la otra parte. Sin embargo, según las regulaciones, las cartas de cobro de deudas sirven como recordatorio y tienen el efecto legal de suspender el plazo de prescripción y pueden extender el plazo de prescripción, permitiendo a los acreedores decidir con flexibilidad cuándo demandar. 2. La carta de cobro de deudas puede indicar que el acreedor ha cumplido con su obligación de notificarlo en consecuencia y dar un plazo razonable. Según las regulaciones, si el deudor no paga la deuda dentro de la fecha de vencimiento, el acreedor generalmente deberá cumplir con la obligación de notificación y dar un período de tiempo razonable antes de que el deudor pueda demandar el pago.
Base jurídica: el artículo 188 de la "Ley Civil de la República Popular China" exige que el tribunal popular proteja los derechos civiles, y el plazo de prescripción es de tres años. Si la ley dispusiera lo contrario, prevalecerán tales disposiciones. El plazo de prescripción se computará a partir de la fecha en que el acreedor conoció o debió haber sabido que el derecho había sido lesionado y el deudor tuvo conocimiento de ello. Si la ley dispusiera lo contrario, prevalecerán tales disposiciones. Sin embargo, si han transcurrido más de 20 años desde la fecha en que los derechos fueron lesionados, el Tribunal Popular no concederá la protección. En circunstancias especiales, el tribunal popular puede decidir posponer la solicitud basándose en la solicitud del titular del derecho.